Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo

Una consecuencia importante de los ataques terroristas cometidos en todo el mundo en los últimos años es la creciente vinculación entre la circulación transfronteriza de personas y las medidas adoptadas para salvaguardar la seguridad nacional. Puesto que los mismos procesos que facilitan los viajes y los intercambios económicos y culturales son también aprovechados por los terroristas, las medidas destinadas a prevenir el terrorismo se han vinculado directamente con la gestión y la regulación de los movimientos transfronterizos. Entre esas medidas se cuentan la aplicación de sistemas de gestión integrada de pasajeros en la frontera, la emisión de documentos de viaje seguros, la promoción del intercambio de información entre las partes interesadas, y actividades de capacitación y de fomento de la capacidad. Las mejoras en esas esferas pueden contribuir a perfeccionar los sistemas de seguridad y de control de la inmigración, facilitando al mismo tiempo el movimiento transfronterizo de personas. Algunas de esas medidas son tecnológicamente complejas y muy innovadoras, pero también cabe aplicar diversas medidas más sencillas en esferas tradicionales de gestión de la migración, con el fin de aumentar la capacidad general. Esas medidas deben estar siempre justificadas en función del nivel de amenaza existente, pues el incremento de la seguridad puede redundar en una obstrucción creciente y posibles intrusiones en la vida privada y los derechos civiles.

La seguridad de los documentos de viaje y la gestión de la identidad son instrumentos importantes para prevenir la movilidad de los terroristas y combatir la delincuencia transfronteriza. En manos de terroristas, un documento de viaje fraudulento puede resultar tan peligroso como un arma. Puesto que los pasaportes actuales resultan más seguros y más difíciles de falsificar, los delincuentes y los terroristas han tratado en medida creciente de falsificar documentos de apoyo (certificados de nacimiento, tarjetas de identidad nacionales, etc.) o de solicitar pasaportes «oficiales». Es pues, esencial que los Estados preparen y apliquen especificaciones universales para la gestión de la identidad y la seguridad de los documentos de viaje (en particular en el proceso de expedición) con el fin de subsanar esas vulnerabilidades.

El contrabando de dinero en efectivo y/o de instrumentos negociables al portador a través de las fronteras es uno de los métodos preferidos de los terroristas para trasladar fondos entre países, ya sea con fines de financiación de actividades terroristas o para blanquear las ganancias de actividades ilícitas. Los gobiernos encomiendan a sus servicios aduaneros la aplicación de medidas de control en la frontera, de conformidad con las normas internacionales, como forma de detectar y prevenir el movimiento ilícito de dinero e instrumentos negociables al portador. El cumplimiento riguroso de esas normas mejoraría la eficacia de los controles fronterizos en ese aspecto. La lucha contra la financiación del terrorismo constituye parte integral del enfoque antiterrorista de las Naciones Unidas, recogido en muchas de las resoluciones y de los convenios de la Organización.

El comercio mundial y la cadena internacional de suministro están particularmente expuestos a la manipulación por terroristas. Con el fin de reducir al mínimo esa vulnerabilidad conviene adoptar diversas medidas, entre las que se cuentan las siguientes: disponer la recepción previa por medios electrónicos de la información pertinente sobre los envíos de entrada, de salida y de tránsito; aplicar a las amenazas para la seguridad de la carga un enfoque sistemático de gestión del riesgo; utilizar equipo no intrusivo de detección en condiciones de cooperación entre las administraciones de aduanas (por ejemplo, inspección previa a la expedición de los contenedores y cargas de alto riesgo); y establecer asociaciones con el sector privado para la aplicación de prácticas seguras en todas las etapas de la cadena de suministro, a través de programas de operadores económicos autorizados. La aplicación de esas medidas y otras conexas es esencial para aumentar la seguridad del comercio internacional y facilitar la circulación de mercancías a través de las fronteras internacionales.

El tráfico ilícito y la circulación de armas pequeñas y ligeras, munición, explosivos y materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares y productos de doble uso, unidos a las pautas cambiantes del tráfico de armas y la participación en él de agentes ajenos al comercio, plantean considerables problemas que han de abordarse en las actividades antiterroristas mundiales. En manos de terroristas, esas municiones y materiales se convierten en instrumentos de ataques terroristas. La aplicación de reglamentaciones eficaces, controles de las exportaciones y medidas de gestión en la frontera, incluidas medidas legislativas y policiales, puede minimizar el riesgo de que esos artículos puedan desviarse hacia agentes no estatales o ser adquiridos ilegalmente por éstos. Esas medidas deben tener en cuenta la necesidad de mantener un equilibrio adecuado entre los controles de las exportaciones y la facilitación del comercio legítimo.

Más del 90% del total de las mercancías que son objeto de comercio internacional se transporta desde el lugar de origen hasta el de destino por las principales rutas de comercio marítimo del mundo. La seguridad marítima es, pues, una cuestión de alcance planetario. Las medidas de seguridad marítima tienen por objetivos la detección y disuasión de las amenazas a la seguridad; la prevención de incidentes de seguridad que afecten a buques o instalaciones portuarias; y la protección de los pasajeros, las tripulaciones y sus cargas, las instalaciones portuarias y las personas que trabajan y viven en las zonas de los puertos, sin afectar al funcionamiento seguro y eficiente del comercio marítimo. La aplicación eficaz de las medidas legislativas y medidas prácticas de seguridad pertinentes es necesaria para prevenir actos ilegales contra los pasajeros y las tripulaciones de los buques utilizados en trayectos internacionales y contra las instalaciones portuarias que les prestan servicios.

Los actos de terrorismo siguen constituyendo una amenaza grave y permanente para la aviación civil internacional. Para hacer frente a esa amenaza es necesario adoptar políticas y medidas de seguridad completas y responsables que permitan garantizar la seguridad física de las aeronaves y de los aeropuertos. La adopción de disposiciones legislativas tendentes a penalizar los actos de injerencia ilícita contra la aviación civil y la aplicación efectiva de las normas y prácticas pertinentes de seguridad aeronáutica aumentarán considerablemente la capacidad de los Estados para defenderse de esos peligros.

La seguridad de la frontera es un proceso dinámico y en evolución. Puesto que el movimiento transfronterizo ilegal de personas afecta negativamente no solo a la seguridad, sino también al bienestar político, económico y social de los Estados, los gobiernos prestan actualmente atención prioritaria a las medidas cooperativas de seguridad, conscientes de que las medidas unilaterales han dejado de ser eficaces. Por consiguiente, los sistemas amplios de alerta temprana constituyen un componente fundamental para el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión de fronteras. Fortalecen la capacidad colectiva de los Estados para detectar, prevenir y combatir el terrorismo al facilitar la cooperación entre organismos y la mancomunión y el intercambio oportunos de información pertinente y fiable, permitiendo así adoptar en forma responsable las decisiones cruciales.

Muchas organizaciones internacionales con un mandato de control de fronteras utilizan o promueven sistemas de alerta temprana, con instrumentos propios o con instrumentos diseñados para el conjunto de la comunidad internacional. Entre esos instrumentos se cuentan las redes CEN y RILO de la Organización Mundial de Aduanas (OMA); los sistemas del Convenio SOLAS (Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar), LRIT (identificación y seguimiento de largo alcance) y AIS (sistema de identificación automática) de la Organización Marítima Internacional (OMI); las listas consolidadas de los comités «de sanciones» del Consejo de Seguridad, el sistema seguro de comunicaciones mundiales «I-24/7», la base de datos SLTD sobre documentos de viaje robados y perdidos y el sistema de notificaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

La frontera abierta (la frontera comprendida entre puntos de control oficiales de la frontera terrestre y de los puertos marítimos) sigue facilitando el movimiento transfronterizo ilegal de personas, incluidos terroristas y delincuentes, y de mercancías (incluidos armas pequeñas y ligeras, munición, explosivos y materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares). Los gobiernos son conscientes de la importancia de proteger la frontera abierta, y se esfuerzan por conseguirlo mediante diversas medidas (dispositivos de vigilancia, patrullas, barreras físicas, operaciones conjuntas de control y patrullaje, intercambio de información, análisis de la información disponible, y cooperación con las comunidades fronterizas en las cuestiones de control y vigilancia policial. Para abordar eficazmente los riesgos que plantea la frontera abierta son necesarias medidas concertadas de control por parte de las autoridades competentes.

La Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo representa una clara afirmación por parte de los Estados Miembros de que la aplicación de medidas eficaces contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos no se contradicen entre sí, sino que son objetivos complementarios y que se refuerzan mutuamente, y de que los derechos humanos y el estado de derecho constituyen el fundamento mismo de las actividades mundiales de lucha contra el terrorismo. Al aprobar la Estrategia mundial y su Plan de acción, los Estados Miembros resolvieron «reconocer que la cooperación internacional y todas las medidas que adoptemos para prevenir y combatir el terrorismo deben ajustarse a las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y los convenios y protocolos internacionales pertinentes, en particular las normas de derechos humanos, el derecho relativo a los refugiados y el derecho internacional humanitario» (A/RES/60/288,anexo, tercer párrafo del preámbulo, reafirmado en A/RES/64/297). La Asamblea General ha subrayado también en más de 60 resoluciones relacionadas con el terrorismo internacional la importancia fundamental de garantizar el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. En relación concretamente con el control de las fronteras, la Asamblea exhortó a los Estados «a que se aseguren de que en todas las operaciones de control de fronteras, al igual que en los mecanismos previos a la entrada, se sigan directrices y prácticas claras y se respeten plenamente las obligaciones que tienen de conformidad con el derecho internacional, en particular el derecho de los refugiados y las normas de derechos humanos, respecto de quienes soliciten protección internacional» (A/RES/62/159, párrafo 8, reafirmado en A/RES/64/221).