En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho 
, los Estados Miembros señalaron que «el estado de derecho y el desarrollo están relacionados y se refuerzan mutuamente y que el avance del estado de derecho en los planos nacional e internacional es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre y la plena efectividad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, todo lo cual fortalece a su vez el estado de derecho». Por tanto, pidieron que se examinara esa interrelación en la agenda internacional para el desarrollo después de 2015. En el plano internacional, el conjunto de instrumentos internacionales, entre ellos los relativos al comercio y las finanzas internacionales, el cambio climático y la protección del medio ambiente y el derecho al desarrollo, establecen normas convenidas internacionalmente que impulsan el desarrollo sostenible.
En el plano nacional, el estado de derecho es necesario a fin de crear un entorno propicio para la generación de medios de vida sostenibles y la erradicación de la pobreza. La pobreza suele ser producto del desempoderamiento, la exclusión y la discriminación. El estado de derecho impulsa el desarrollo dando mayor voz a las personas y a las comunidades, concediendo acceso a la justicia, asegurando las debidas garantías procesales y estableciendo recursos en caso de violación de los derechos. La seguridad de los medios de vida, la vivienda, la tenencia y los contratos pueden dotar a los pobres de los medios para defenderse ante posibles violaciones de sus derechos. El empoderamiento jurídico no se limita al establecimiento de vías jurídicas de recurso sino que conlleva mejores oportunidades económicas.
Para que el estado de derecho contribuya a alcanzar el desarrollo sostenible, ha de asegurar la protección de todos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho al desarrollo. Si bien un «gobierno por decreto» puede proporcionar un marco jurídico, seguridad contractual y mecanismos de solución de controversias que impulsen el crecimiento y el desarrollo económicos, solo el estado de derecho, que respeta los derechos humanos internacionales, puede dar lugar a un desarrollo tanto inclusivo como sostenible.
Como destacó el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición 
, la experiencia reciente demuestra que los esfuerzos para el desarrollo de cortas miras que excluyen consideraciones de justicia y derechos no logran un desarrollo humano sostenible (A/68/345, , párr. 64).
La Asamblea General ha puesto de relieve, entre otras cosas, la importancia de que todos tengan acceso a la justicia, y a este respecto, alentó al fortalecimiento y la mejora de los sistemas de administración de justicia, y puso de relieve que el respeto del estado de derecho y los derechos de propiedad y el establecimiento de marcos de políticas y reglamentarios adecuados favorecen la creación de empresas, en particular las iniciativas empresariales, y contribuyen a la erradicación de la pobreza.
Un mayor nivel de seguridad en materia de tenencia de la tierra y propiedades puede contribuir de forma decisiva a lograr avances sociales y económicos en los entornos rural y urbano, apoyar la reducción de la pobreza e impulsar la igualdad entre los géneros y la paz y la seguridad. La tenencia de la tierra, incluido un conjunto de tipos de tenencia adecuados a las condiciones y necesidades locales, como los derechos de propiedad comunitaria y la protección del patrimonio común, crea certidumbre acerca de lo que se puede hacer con la tierra o la propiedad y su utilización, y puede aumentar las oportunidades y beneficios económicos mediante la inversión, la mejora de la salud, la estabilidad financiera y la seguridad personal.
En términos más generales, es esencial la aplicación del estado de derecho en la explotación de los recursos naturales para asegurar un crecimiento y desarrollo económico inclusivos y sostenibles, y para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las personas. Los recursos naturales gestionados de forma sostenible y transparente pueden ser el motor para el bienestar económico y servir de base para sociedades estables y pacíficas. La explotación de los recursos de aguas transfronterizas, a título de ejemplo, exige un elevado grado de cooperación entre los países que los comparten y marcos jurídicos apropiados que sustenten una gestión sostenible. La gestión adecuada de los recursos naturales, con arreglo al estado de derecho, constituye también un factor clave para la paz y la seguridad, al poner de relieve la interconexión entre los tres pilares del sistema de las Naciones Unidas. Cuando la explotación de los recursos naturales causa daños ambientales y pérdida de medios de vida, o cuando los beneficios se distribuyen de forma desigual, existe un elevado riesgo de conflicto violento. Con ese propósito, puede ser crucial asegurar la rendición de cuentas del sector privado por sus actividades, así como el apoyo del sector privado para fortalecer el estado de derecho