El Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas afirma que uno de los propósitos de las Naciones Unidas consiste en «lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz». El estado de derecho asegura que el derecho internacional y los principios de la justicia se aplican por igual a todos los Estados y se cumplen en condiciones de igualdad. El respeto del estado de derecho genera un ambiente propicio para el logro de los propósitos de la Carta.
La Carta ofrece la base normativa para las relaciones de amistad entre los Estados. Junto con los demás instrumentos del derecho internacional, la Carta sirve de estructura para las relaciones internacionales. Crea reciprocidad entre los Estados, que son soberanos e iguales entre sí, otorga previsibilidad y legitimidad a las acciones de estos dentro de un sistema multilateral convenido y proporciona un medio para resolver las controversias que surjan. En materia de paz y seguridad revisten particular importancia los principios de la integridad territorial, la no utilización de la amenaza o la fuerza en maneras que no sean acordes con la Carta, y el compromiso de cumplir las obligaciones jurídicas internacionales.
El Artículo 33 de la Carta es fundamental para la prevención de los conflictos y el arreglo pacífico de controversias. Las partes en una controversia internacional tienen acceso a diversas medidas y mecanismos para la solución de las controversias, entre ellas la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial y el recurso a organismos o acuerdos regionales.
Un estado de derecho fuerte, que protege los derechos humanos, contribuye a prevenir y mitigar los delitos violentos y los conflictos, proporcionando procesos legítimos para la resolución de las reclamaciones y desincentivos para el delito y la violencia. Por el contrario, un crecimiento económico débil y la desigualdad pueden ser un factor desencadenante del delito y la violencia. En este contexto, resulta pertinente el principio de responsabilidad de proteger, adoptado por la Asamblea General en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 
. En él se resalta la importancia de apoyar al estado de derecho en el plano nacional y a las instituciones de derechos humanos para asegurarse de que los gobiernos dispongan de todos los instrumentos necesarios para cumplir sus obligaciones de proteger a sus poblaciones del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la depuración étnica, y se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye esa labor.
En situaciones de conflicto armado, la protección de los civiles constituye un asunto prioritario para las Naciones Unidas. Toda actividad relativa a la protección, ya sea física, política o mediante el establecimiento de un entorno protector, debe basarse en el estado de derecho y tiene por objetivo hacer que las leyes aplicables adquieran relevancia práctica en circunstancias difíciles. El marco de políticas aplicable y las obligaciones de los Estados Miembros al respecto son fundamentales en toda la labor de protección. Para proteger mejor a los civiles, los Estados Miembros deben adherirse a los tratados internacionales, pertinentes, incorporar sus disposiciones a su legislación nacional y establecer instituciones y controles internos que funcionen bien. Igual importancia revisten la educación y la información relativas a las normas obligatorias y a las prácticas prohibidas, así como el cumplimiento de las leyes penales en los casos de infracciones graves.
A fin de velar por la seguridad inmediata y afianzar la estabilidad necesaria para la consolidación de la paz, es fundamental establecer instituciones del estado de derecho. La existencia de instituciones de justicia y correccionales fuertes, junto con organismos de policía y de orden público,que rindan cuentas y respeten plenamente los derechos humanos es de la máxima importancia para restablecer la paz y la seguridad en el período inmediatamente posterior a los conflictos. Esto permite que los autores de delitos sean llevados ante la justicia, favorece la solución pacífica de las controversias y restablece la confianza y la cohesión social basada en la igualdad de derechos. El establecimiento de esas condiciones es igualmente importante para la paz y la seguridad, así como para el desarrollo sostenible. A este respecto, las Naciones Unidas reconocen la necesidad de emplear un enfoque amplio, prestando apoyo a toda la cadena de la justicia penal. En el marco de un enfoque amplio para mejorar el estado de derecho y los derechos humanos, resulta fundamental apoyar una labor de reforma del sector de seguridad con un protagonismo nacional.
Algunos de los mayores desafíos para la paz y la seguridad consisten en delitos que, si bien son cometidos en territorio nacional, trascienden las fronteras de los países y afectan a regiones enteras, y en definitiva, a la comunidad internacional en su conjunto. Se trata de un problema en constante evolución respecto al estado de derecho y la protección de los derechos humanos, y pone bien de manifiesto los firmes vínculos existentes con la paz y la seguridad.
El terrorismo genera violencia e inestabilidad, puede limitar la libertad de circulación, el acceso al empleo y las oportunidades educativas, degrada la calidad de vida y amenaza los derechos básicos de las personas, incluido el derecho a la vida y a la seguridad. El terrorismo representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad y puede obstaculizar el desarrollo económico y social. En el marco de las Naciones Unidas relativo a actividades específicas en materia de terrorismo, se han elaborado 18 instrumentos universales (14 convenciones y 4 protocolos) contra el terrorismo internacional, incluidas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo 
destaca que las medidas de lucha contra el terrorismo que respetan los derechos humanos contribuyen a prevenir el reclutamiento de personas para cometer actos de terrorismo y que en demasiados casos los abusos de los derechos humanos han contribuido a los agravios que hacen que se opte por el mal camino y se recurra al terrorismo (véase A/HRC/20/14 párr. 32). Por su parte, en distintas zonas la delincuencia organizada transnacional amenaza la paz y la seguridad y obstaculiza el desarrollo económico y social de las sociedades de diversas partes del mundo. La Asamblea General y la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos que la complementan han recalcado las repercusiones negativas de la delincuencia organizada transnacional sobre los derechos humanos y el estado de derecho.