The information below is based on the Report of the Secretary-General to the Security Council (S/2018/250) issued on 16 April 2018.
Libia sigue siendo el epicentro de la crisis migratoria mundial, al tiempo que se ve afectada internamente por la inestabilidad, la fragmentación política y la proliferación de armas y grupos armados. Este clima de inestabilidad ha permitido que prosperen las redes transnacionales de contrabando y tráfico. Se han documentado patrones de violencia sexual contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, perpetrados no solo por contrabandistas, traficantes y redes delictivas, así como, en algunos casos, por policías y guardias asociados con el Ministerio del Interior. El Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal y la guardia costera también han estado implicados en violaciones. Se han documentado casos de agresión sexual en la sección del Servicio de Seguridad Interna de Kuwayfiah, bajo el mando del Coronel Mohammad Idriss al-Seaiti (véase S/2017/466). En esos entornos, los migrantes han descrito que hombres armados, incluidos guardias del Departamento, los han sacado de sus celdas compartidas para ser violados repetidamente por múltiples perpetradores. Según los testimonios, también mujeres migrantes han sido secuestradas, violadas y detenidas por grupos armados, algunas de las cuales han sido liberadas tras el pago de rescates y otras han sido vendidas como esclavas sexuales.
En octubre de 2017, un ciudadano somalí fue condenado por un tribunal en Italia por múltiples delitos contra migrantes en Bani Walid, incluida la violencia sexual. En septiembre de 2017, tras la presión internacional ejercida por presuntos abusos sexuales, el Departamento anunció el cierre de un notorio centro de detención en Surman. También fue cerrado el centro de detención de Tarik al-Sikkah, a raíz de denuncias similares, aunque no se ha llevado ante la justicia a ninguno de los autores de los abusos. En algunos centros de detención, en particular aquellos en que los hombres, las mujeres y los niños detenidos no están separados, las mujeres han sido desnudadas y registradas bajo la supervisión de guardias varones. En 2017, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) documentó casos de malos tratos, incluidas amenazas de carácter sexual, en el centro de detención de Mitiga gestionado por la Fuerza Especial de Disuasión y la brigada Abu Salim de Seguridad Central y otros lugares oficialmente bajo el control del Ministerio del Interior. La violencia sexual también se habría utilizado como forma de tortura contra hombres en centros de detención administrados por agentes armados.
Se sabe que grupos que han prometido lealtad al EIIL han sido implicados en secuestros y abusos sexuales. Las autoridades libias han detenido a varias mujeres y niñas rescatadas del cautiverio del EIIL, a menudo en condiciones precarias. Tras las operaciones militares en Sirte contra combatientes leales al EIIL, al menos 117 mujeres libias y extranjeras, muchas de las cuales habían sufrido abusos físicos y sexuales, fueron detenidas por las fuerzas de seguridad de Misrata y trasladadas a la prisión de Jawwiyah en diciembre de 2016. De esas mujeres, 31 fueron puestas en libertad en abril de 2017, tras haber sido absueltas de cargos de terrorismo por un comité de acusación. El resto permanecen detenidas arbitrariamente, sin revisión judicial. La UNSMIL ha recibido denuncias de abusos físicos y sexuales de mujeres detenidas en la prisión de Jawwiya.
Los defensores de los derechos de la mujer y las mujeres que participan activamente en la vida pública siguen siendo objeto de ataques por parte de grupos armados no estatales y de abusos sexuales y de otro tipo, incluso por parte del Ejército Nacional Libio (ENL). Las mujeres y las niñas acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que en Libia está tipificado como delito, han sido sometidas a “pruebas de virginidad” invasivas en cumplimiento de órdenes judiciales. En septiembre de 2017, la UNSMIL prestó apoyo a un foro de mujeres sobre la reforma constitucional y legislativa, que elaboró un proyecto de ley que tipificaba como delito todas las formas de violencia contra la mujer.
Recomendación
Exhorto a las autoridades a que adopten medidas para mitigar el riesgo de violencia sexual en los centros de detención, incorporando a guardias mujeres en la dotación de personal de los centros de mujeres y permitiendo el acceso humanitario, entre otras medidas. De conformidad con la resolución 2331 (2016) del Consejo de Seguridad, no se debe presumir, en ausencia de pruebas fidedignas. que quienes escapen del cautiverio del EIIL son cómplices, sino que, por el contrario, deben recibir apoyo como víctimas del terrorismo. Exhorto además a las autoridades a que cooperen con la Corte Penal Internacional, en particular en lo que respecta a la investigación sobre la violencia sexual, y a que enjuicien a los autores de actos de violencia sexual y ofrezcan reparaciones a las víctimas, de conformidad con el Decreto núm. 119 (2014) del Consejo de Ministros relativo al reconocimiento de las víctimas de la violencia sexual como víctimas de guerra y en el que se dispone la reparación, la recuperación y la asistencia jurídica en relación con estas.