La protección de los derechos de los reclusos nunca fue una tarea fácil. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no hacía referencia específica a los reclusos, aunque los derechos que exponía (con la inclusión de la prohibición de tortura, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia) les afectaban de manera implícita. Siete años después, en 1955, el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente aprobó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Se trataba de un punto de partida importante y, en 2015, la Asamblea adoptó normas ampliadas, conocidas como las «Reglas Nelson Mandela», en honor al que probablemente sea el recluso más conocido del siglo XX.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue el organismo encargado del proceso de revisión. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se aseguró de que las reglas revisadas reflejaran los estándares en materia de derechos humanos adoptados desde 1950. Como resultado, las Reglas Mandela proporcionaron directrices a los Estados para proteger los derechos de las personas privadas de libertad, desde reclusos en detención preventiva hasta reclusos condenados.
Las Reglas se basan en la obligación de tratar a todos los reclusos con respeto hacia su dignidad inherente y valor como seres humanos, así como en la prohibición de la tortura y de cualquier otra forma de maltrato. Asimismo, ofrecen una visión detallada de una gran variedad de problemas, que abarcan desde medidas disciplinarias hasta servicios sanitarios. Por ejemplo, prohíben la reducción de alimentos y agua al recluso, así como el uso de medios coercitivos que resulten, por su naturaleza, denigrantes o dolorosos, como cadenas o grilletes.
Las Reglas restringen el uso del régimen de aislamiento como medida de último recurso, que deberá utilizarse únicamente en situaciones excepcionales. Mandela consideraba el régimen de aislamiento como «el aspecto más prohibitivo de la vida en prisión. No había principio ni final, se trataba únicamente la mente de uno mismo, que podía jugar malas pasadas».
En la prisión Robben Island, en Sudáfrica, Mandela encabezó un movimiento de desobediencia civil que condujo a una mejora de las condiciones de los presos. Su autobiografía, Long Walk to Freedom, describe el modo en que se mejoró la alimentación, se sustituyeron los pantalones cortos por largos, se permitieron los periódicos y se cesó el trabajo manual.
Las Reglas Nelson Mandela ponen de manifiesto que la prestación de atención médica a los reclusos es responsabilidad del Estado y que la relación entre los profesionales del sector sanitario y los reclusos se rige por los mismos estándares éticos y profesionales que los que se apliquen a los pacientes de la comunidad. Además, las Reglas obligan a los servicios sanitarios a evaluar y atender la salud mental y física de los reclusos, incluidos aquellos con necesidades especiales.
Los requisitos mínimos incluidos en las Reglas Nelson Mandela adquieren más importancia hoy que nunca. Aunque las tasas de delincuencia estén disminuyendo en varias partes del mundo, la población reclusa sigue aumentando. Se estima que hay más de diez millones de reclusos en todo el mundo, sin incluir a las personas detenidas por la policía o en otro tipo de detención administrativa donde no se toma una decisión formal sobre la acusación o el enjuiciamiento. Asimismo, el número de personas condenadas a cadena perpetua ha aumentado en un 84 % durante los años transcurridos entre el 2000 y el 2014. Las tendencias globales tienden a no mostrar ningún declive en la violencia en prisión a escala mundial, con escasas garantías de un entorno seguro para la mayoría de los reclusos.
Consciente de estas preocupaciones y al amparo de las Reglas Nelson Mandela, el ACNUDH lucha por garantizar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En 2018, por ejemplo, realizó más de 2000 visitas a centros de detención. Mediante visitas de inspección y programas de asistencia, prestamos nuestra ayuda a los Estados en sus esfuerzos por mejorar las condiciones en prisión. El año pasado, tras realizar 121 visitas de inspección a prisiones de Yemen, en colaboración con organismos humanitarios, nos aseguramos de que los pabellones para mujeres y menores en una prisión recibieran un sistema de energía solar, productos alimenticios, mantas y filtros de agua. En el territorio palestino ocupado, las visitas habituales de oficiales de derechos humanos a centros de detención e interrogatorios desde 2011 han contribuido a un descenso en los casos de maltrato.
Las Naciones Unidas también se han servido de las visitas a prisiones para supervisar y mejorar las condiciones de las detenciones de casos individuales conocidos en Colombia y en otros países. Esto ha propiciado, en determinadas situaciones, un aumento en las visitas del personal médico de prisión, una provisión oportuna de los medicamentos y el acceso a defensa legal.
El ACNUDH presta una especial atención a la importancia de disponer de estancias adecuadas, de acuerdo con las Reglas Mandela. A través de su programa de apoyo a la reforma penitenciaria en Camboya, por ejemplo, iniciamos una asistencia de carácter técnico para construir ventanas en las celdas, instalar sistemas de ventilación mediante extractores de calor, levantar barreras internas que crearan zonas para que los reclusos accedieran al exterior y mejorar la sanidad y el acceso a agua potable.
Con respecto a los derechos de sanidad y educación de los reclusos, las Naciones Unidas han contribuido al equipamiento de casi un 90 % de los hospitales provinciales de referencia en Camboya, con salas seguras que facilitan la hospitalización de los reclusos enfermos y que, por tanto, les permiten recibir asistencia sin estar detenidos. El ACNUDH también ha cooperado con las autoridades locales para mejorar la educación de las personas privadas de libertad con la inclusión del acceso a libros y conectando las prisiones con oportunidades de formación profesional.
La implementación de las Reglas Nelson Mandela también requiere de la prestación de asistencia y asesoramiento en materia jurídica a los Estados y a los reclusos por igual. En Madagascar, las actividades de defensa se tradujeron en la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de 2017. Se trata de un hito considerable, puesto que el Protocolo exige que expertos de las Naciones Unidas visiten las prisiones para mejorar las condiciones y evitar el maltrato.
La defensa de la absoluta prohibición de tortura nos ha llevado a colaborar con otros asociados en una iniciativa que aboga por el desarrollo de un conjunto de principios y por garantías con relación a los métodos de «interrogatorios de investigación no coercitivos» por parte de la policía y otras fuerzas del orden. Es un hecho ampliamente reconocido que el uso de la tortura para obtener información es tanto inmoral como ilegal. Lo que no se comprende tanto, a pesar de la gran cantidad de pruebas, es que dichos métodos tampoco resultan eficaces y que, de hecho, son contraproducentes por la simple razón de que las personas sometidas a torturas se ven obligadas a realizar cualquier declaración con tal de detener el dolor y la humillación y, por tanto, suelen proporcionar información completamente falsa a los encargados del interrogatorio. Esto no solo puede desacreditar la totalidad de procesos judiciales y policiales del país en cuestión, sino que también puede conllevar la condena de las personas equivocadas. La iniciativa que se está tratando se ha diseñado para involucrar al máximo personal de fuerzas del orden como sea posible en el proceso para aumentar la concienciación sobre la absoluta ineficacia de los interrogatorios coercitivos.
Tal y como se refleja en algunos de los ejemplos anteriores, las Naciones Unidas continúan honrando el legado de Nelson Mandela al trabajar estrechamente con los Estados y la sociedad civil en aras de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Además, cabe destacar que estamos colaborando con personas privadas de libertad para defender su dignidad.
Como dice el dicho, «el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos». Nelson Mandela estaba claramente de acuerdo. Como él mismo solía decir, «nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada». Las Reglas adoptadas en su nombre se han convertido en el prototipo a escala mundial que siguen los Gobiernos para demostrar su desempeño. El hecho de que las Reglas se hayan adoptado tan ampliamente es motivo de esperanza. Pero, para materializar la noble visión de Mandela así como el espíritu y el mensaje de las Reglas, se necesita valor, compromiso y toda forma de participación por parte de los Gobiernos.
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