Tribunales y Cortes internacionales
Tribunales internacionales
A finales de diciembre, solamente dos años antes de la fecha límite de 2008 establecida por el Consejo de Seguridad para la finalización de los juicios a los acusados de crímenes de guerra, incluido el genocidio, en Rwanda y la ex Yugoslavia, los Presidentes y los principales fiscales de los dos Tribunales Internacionales hablaron de la probabilidad de alcanzar ese objetivo y de dejar el legado de haber cumplido las expectativas de las víctimas y de la comunidad internacional.
El Consejo, que habitualmente ha recibido información de los altos funcionarios de los Tribunales dos veces al año, recibió información actualizada de esos tribunales el 7 de junio y el 15 de diciembre de 2006. Cuando informó al Consejo sobre el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a finales del año, la fiscal, Carla del Ponte, pidió «nuevo asesoramiento» del Consejo sobre si el Tribunal de La Haya debería permanecer abierto más allá del año 2010, cuando está programado que se cerrarán sus puertas, hasta que fueran juzgados los dos principales autores intelectuales de los delitos cometidos en Bosnia y Herzegovina, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, quienes todavía estaban en libertad.
El Presidente del Tribunal para la ex Yugoslavia, Fausto Pocar, dijo que hasta la fecha se habían cerrado los procesos contra 100 imputados, de un total de 161 personas acusadas oficialmente. Al ritmo al que se progresaba, y excepto que surgieran dificultades imprevistas, todos los juicios contra los acusados que se encontraban bajo la custodia del Tribunal finalizarían no más allá de 2009. Sin embargo, con la captura de seis fugitivos todavía pendiente, a pesar de los repetidos llamamientos a los Estados Miembros para que garantizaran su detención era dudoso que todos los juicios finalizaran para el año 2009. El mandato del Tribunal no se aplicaría completamente sin los juicios a los acusados de alto nivel.
El Fiscal Hassan Bubacar Jallow afirmó que el Tribunal Internacional para Rwanda seguía comprometido a respetar el plazo fijado por el Consejo. Se estaban llevando a cabo juicios a 25 acusados, 22 de los cuales estaban siendo enjuiciados conjuntamente en cinco procesos múltiples. Se esperaba que estos procesos importantes finalizaran en diferentes fechas durante 2007 y 2008. La opción de transferir casos a países africanos, excepto Rwanda, no parecía viable debido a limitaciones de capacidad y recursos, o a sistemas judiciales sobrecargados. Mientras tanto, las estrategias de evasión de los 18 acusados fugitivos, incluida su constante movilidad a lo largo de una amplia franja del este, centro y sur de África, su refugio en zonas inaccesibles de la República Democrática del Congo, así como los cambios de identidad y la cooperación de los Estados, habían planteado grandes retos al equipo que los estaba siguiendo.
El Presidente del Tribunal para Rwanda, Erik Møse, dijo que como 18 acusados todavía estaban en libertad el tribunal no alcanzaría a juzgar a todos los acusados para diciembre de 2008, si los encontraban. Sin embargo, el Tribunal debería juzgar a algunos de ellos. La cooperación de los Estados Miembros en la detención y traslado de esas personas era esencial.
El Ministro de Administración pública y del Gobierno local de Serbia, Zoran Loncar, dijo que su Gobierno y las autoridades estatales estaban realizando todos los esfuerzos necesarios para colaborar con el Tribunal para llegar a un final satisfactorio. Gracias a los esfuerzos sobresalientes del Gobierno, desde enero de 2005 habían sido trasladados al Tribunal de La Haya 16 acusados, entre ellos oficiales militares y de la policía del rango más elevado.
El representante de Rwanda dijo que la comunidad internacional no debía ver la estrategia de conclusión de las labores del Tribunal como una «estrategia de salida». Habría que tomar las medidas adecuadas para asegurar que todos los acusados fueran llevados ante la justicia, incluso una vez finalizado el mandato del Tribunal. Como parte de la estrategia de conclusión, los documentos del Tribunal deberían ser trasladados a Rwanda, para que el Gobierno, junto con las Naciones Unidas y la comunidad internacional, pudieran establecer un centro de prevención del genocidio y de educación, que sirviera no sólo como conmemoración del genocidio que dejó un millón de víctimas, sino también como centro de investigación sobre el genocidio y de promoción de la justicia, la reconciliación y los derechos humanos.
Durante el año el Consejo tomó una serie de medidas relativas a los magistrados que son miembros de los Tribunales.
El 28 de febrero el Consejo adoptó unánimemente la resolución 1660 
, mediante la que se enmendaban los artículos 12 y 13 quáter del estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, para autorizar al Secretario General a nombrar magistrados de reserva entre los magistrados ad litem (nombrados para un proceso o procesos en particular)para que estén presentes en todas las etapas del juicio que se les ha asignado y para reemplazar a los magistrados que no puedan continuar con su labor.
También en relación con el Tribunal para la ex Yugoslavia, el Consejo, con la adopción unánime de la resolución 1668 del 10 de abril, prolongó el mandato de un juez ad litem para permitirle finalizar el proceso que había comenzado antes del vencimiento de su período. Se tomaron medidas similares en relación con el Tribunal para Rwanda, mediante la resolución 1705, que se adoptó por unanimidad el 29 de agosto.
Como el mandato de 11 magistrados permanentes del Tribunal Penal Internacional para Rwanda habría de finalizar en mayo de 2007, pero había juicios que iban a continuar después de esa fecha, el Consejo, mediante la adopción unánime de la resolución 1684 del 13 de junio, prolongó los mandatos de estos magistrados hasta el final de 2008, la fecha límite para la finalización de todos los procesos del Tribunal.
El 13 de octubre, con la adopción unánime de la resolución 1717, el Consejo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2008 el mandato de 18 jueces ad litem del Tribunal para Rwanda que habían sido elegidos el 25 de junio de 2003.
El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.