24 de julio de 2023
La trata de personas sigue siendo un problema acuciante a escala mundial. A pesar de la criminalización generalizada de esta grave violación de los derechos humanos y de las décadas de intervención, se estima que, en un día cualquiera, la trata de personas y las formas conexas de explotación —lo que a veces se conoce como esclavitud moderna— afectan a casi 50 millones de personas.
Aunque la trata de personas está presente en todas las regiones del mundo, se distinguen algunas tendencias geográficas. En el caso del trabajo forzoso, se estima que 27,6 millones de personas están sometidas a estas prácticas en un momento dado. La región de Asia y el Pacífico concentra la mitad de ellas (15,1 millones), seguida de Europa y Asia Central (4,1 millones), África (3,8 millones), América (3,6 millones) y los Estados Árabes (0,9 millones). Sin embargo, esta clasificación regional cambia cuando el trabajo forzoso se expresa como proporción de la población. Según esta medida, los Estados Árabes estarían en primera posición (5,3 por cada mil personas), seguidos de Europa y Asia Central (4,4 por cada mil), América, y Asia y el Pacífico (ambos con 3,5 por cada mil), y África (2,9 por cada mil).
Es evidente que ciertos sectores recurren de manera desproporcionada al trabajo forzoso. Cinco de estos sectores —servicios, industria manufacturera, construcción, agricultura y trabajo doméstico— representan casi el 90 por ciento del total de adultos sometidos al trabajo forzoso. También hay una evidencia clara de que algunas personas son más vulnerables que otras a esta forma de explotación. Por ejemplo, los trabajadores migrantes tienen tres veces más probabilidades de acabar realizando ese tipo de trabajo que los trabajadores adultos no migrantes.
En los últimos diez años se han realizado muchos esfuerzos para entender los factores que aumentan la vulnerabilidad o la resiliencia a la trata de personas, a fin de poner en marcha medidas de prevención más eficaces y mejor orientadas.
La trata de personas y las formas conexas de explotación también presentan profundas diferencias en lo que se refiere a género. La mayoría de las víctimas identificadas de la trata de personas han sido tradicionalmente mujeres. Sin embargo, según las estadísticas del Counter-Trafficking Data Collaborative, en los últimos años ha ido aumentando el número de personas de sexo masculino víctimas de esta práctica. Existen diferencias importantes en la forma de explotación que sufren los hombres y las mujeres víctimas de la trata: es mucho más probable que las mujeres se vean sometidas a trabajo forzoso realizando tareas domésticas, mientras que los hombres tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de la trata para trabajar en el sector de la construcción. En cuanto a la explotación sexual, la inmensa mayoría de personas víctimas de la trata son mujeres y niñas.
Por otro lado, los problemas nuevos y emergentes siguen creando vulnerabilidad a la trata de personas, facilitan esta práctica o dificultan la respuesta a la misma. De hecho, la guerra y los conflictos aumentan la vulnerabilidad de las personas a ser víctimas de la trata porque se ven obligadas a desplazarse a otros territorios, así como por el deterioro del Estado de Derecho, la impunidad, las tensiones sociales, las necesidades humanitarias, la fragmentación social y la desintegración familiar. El cambio climático y la degradación medioambiental comprometen los medios de subsistencia, agravan la pobreza, incrementan los riesgos de desastres naturales y pueden causar conflictos e inestabilidad, todas ellas circunstancias capaces de generar una vulnerabilidad de la que se aprovechan los traficantes de personas. La captación y explotación por Internet u otros medios tecnológicos están aumentando, lo que pone en entredicho los paradigmas tradicionales de identificación, derivación, protección y asistencia de las personas víctimas de la trata, así como las investigaciones y los procesos judiciales.
La Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) y la comunidad internacional llevan tiempo utilizando el método de las "3P" (prevención, protección y persecución) para abordar el tráfico de personas. Son los principales elementos de respuesta identificados en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional).
Las medidas de prevención suelen centrarse en informar y sensibilizar de la población, a fin de garantizar que los miembros de la sociedad conozcan ese delito y sus terribles consecuencias. Ese conocimiento permite que las personas tomen medidas para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos de los traficantes; manifestarse en contra de la trata de personas en sus comunidades y tomar decisiones éticas en relación con sus propias practicas de consumo, laborales y empresariales para evitar beneficiarse directa o indirectamente de los servicios de personas víctimas de la trata y no generar una demanda para este tipo de mano de obra.
En los últimos diez años se han realizado muchos esfuerzos para entender los factores que aumentan la vulnerabilidad o la resiliencia a la trata de personas, a fin de poner en marcha medidas de prevención más eficaces y mejor orientadas. Las pruebas recopiladas a lo largo de los años demuestran que existe una variedad de factores transversales que incrementan el riesgo de ser presa de los traficantes. Entre ellos figuran la pobreza, la marginación, la exclusión financiera, el estatus migratorio irregular, los bajos niveles educativos, la discapacidad y entornos familiares disfuncionales. Las respuestas eficaces a estos riesgos van más allá de la sensibilización y pasan por elaborar programas de gobernanza capaces de crear sociedades más justas y equitativas, que reduzcan la vulnerabilidad en general, pero también a la violencia, la explotación y el abuso.
La labor de protección se centra en atender las necesidades y proteger los derechos de las personas que han sufrido la trata a fin de favorecer su recuperación y restablecer su capacidad para sobrevivir y prosperar. En las primeras etapas de la atención, esta protección suele consistir en atender las necesidades básicas e inmediatas, como, por ejemplo, la seguridad física, y proporcionar acceso a refugio, comida y atención médica.
Una vez atendidas las necesidades más inmediatas, las respuestas intermedias se centran en ayudar a las personas víctimas de la trata a establecer las bases para una recuperación correcta y duradera abordando los factores que contribuyen a su vulnerabilidad. Entre las respuestas intermedias cabe citar mayor información sobre los derechos y la capacidad para exigirlos; adquisición de capacidades y competencias para lograr medios de vida sostenibles, así como asesoramiento, divulgación y otro tipo de asistencia que genere la movilización de las redes sociales y las comunidades para promover la recuperación y la reintegración. La labor de protección a largo plazo tiene por objeto ayudar a las personas víctimas de la trata a obtener y reclamar su lugar y sus responsabilidades, y conseguir su recuperación económica, social y psicosocial. Para las personas víctimas de la trata, una recuperación duradera suele significar la regularización de su estatus migratorio, ya sea mediante la integración local, la migración posterior regular, o el regreso y la reintegración en sus países de origen.
Por último, la labor de persecución judicial tiene por objeto reforzar la capacidad de los organismos encargados del orden público para investigar y llevar ante los tribunales a aquellos que captan y explotan a personas víctimas de la trata para lucrarse.
La labor de protección a largo plazo tiene por objeto ayudar a las personas víctimas de la trata a obtener y reclamar su lugar y sus responsabilidades, y conseguir su recuperación económica, social y psicosocial.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha encargado al Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas que mejore la coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pertinentes en su labor para facilitar un modelo integral de prevención y lucha contra la trata de personas que incluya la protección y el apoyo a las víctimas.
El Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas está coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y actualmente está copresidido por la OIM y el Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños. Entre las prioridades actuales de este organismo figuran el establecimiento de estándares de investigación para mejorar la base empírica; abordar los factores que favorecen la trata de personas; promover el compromiso de los supervivientes y contribuir a su empoderamiento; explorar interconexiones entre los desastres naturales imprevistos o los de aparición lenta y la vulnerabilidad a la trata y la explotación, y reforzar los enfoques empleados para abordar la trata de personas en contextos de crisis y conocer mejor dicho fenómeno.
En general, el delito de la trata de personas continúa arraigado en muchas sociedades, siendo necesaria una labor exhaustiva y constante para combatirlo. No obstante, se ha avanzado mucho en aspectos como la comprensión de los factores sociales, culturales, medioambientales y políticos que contribuyen a la trata, así como en la necesidad de dejar espacio a las víctimas y los supervivientes de la trata para que tomen la iniciativa en su recuperación y en la labor de lucha contra la trata en todo el mundo.
La Crónica ONU no constituye un registro oficial. Tiene el privilegio de acoger a los altos funcionarios de las Naciones Unidas, así como a distinguidos colaboradores de fuera del sistema de las Naciones Unidas cuyas opiniones no son necesariamente las de las Naciones Unidas. Del mismo modo, las fronteras y los nombres que se muestran y las designaciones utilizadas en los mapas o en los artículos no implican necesariamente un apoyo o una aceptación por parte de las Naciones Unidas.
